Cristina Kirchner se preparó durante años para este momento. Como ha dicho varias veces, su condena «ya estaba firmada» desde que dejó la presidencia y empezó su raid por tribunales. Y la estrategia político/judicial que seguirá a partir de ahora es la que viene esbozando desde hace tiempo: que la sentencia en su contra es, en realidad, parte de una confrontación entre dos modelos económicos antagónicos.
«Lo que nunca nos van a perdonar a los peronistas es que el trabajo debe participar junto al capital en un ‘fifty fifty’, porque es la manera de ser una sociedad más justa y vivible», dijo el martes ni bien se confirmó que la Corte Suprema de Justicia dejaría firme su condena por corrupción en la causa Vialidad.
De hecho, en sus últimos discursos, la ex presidente ya prácticamente no esgrimía argumentos jurídicos en su defensa, sino que prefería centrarse en el contraste entre el modelo económico kirchnerista y el de Javier Milei, al que caracteriza como la continuación histórica del plan de José Martínez de Hoz, del de Domingo Cavallo y del macrismo -donde resalta la presencia de Luis «Toto» Caputo-.
Lo curioso es que, en la vereda de enfrente, el gobierno sostiene un discurso no tan distinto. De hecho, se culpó al anuncio de la candidatura de Cristina a la elección legislativa de Buenos Aires por las señales de desconfianza que estuvieron dando los mercados en las últimas semanas.
La economía, protagonista del debate
Así, para el equipo económico la caída de valor en las acciones de empresas argentinas y la persistencia de un elevado índice de riesgo país -pese a que se había levantado el cepo- obedecía a la incertidumbre que se generaba en el mercado por un eventual fortalecimiento electoral del kirchnerismo.
Se fundaba esa acusación en los proyectos de ley impulsados por el kirchnerismo que ponen en riesgo el superávit fiscal -como la aprobada extensión de la moratoria previsional-, en la negativa a reconocer la legalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o en el aviso de que, si el peronismo vuelve al poder, se considerará como evasores a los ahorristas de dólares «amnistiados» por el nuevo régimen tributario.
Sin embargo, los economistas críticos del gobierno -no solamente los cercanos al kirchnerismo, sino muchos que siguen la línea ortodoxa- pusieron en cuestión que el malestar del mercado tuviera que ver con el miedo a la candidatura de Cristina, sino a las dificultades del gobierno por acumular reservas en el Banco Central.
Y la propia Cristina abonaba esa versión, al vaticinar que el plan económico de Toto Caputo «tiene fecha de vencimiento» y que tendrá un mal final, porque no pudo resolver el «problema de la economía bimonetaria» sobre el que la ex presidente viene insistiendo ya desde la gestión de Alberto Fernández.
Y, tras su condena, Cristina aprovechó los recientes anuncios del gobierno para insistir en su acusación al gobierno de estar generando una nueva crisis de endeudamiento. El gobierno sabía que ese argumento aparecería, y no por casualidad, antes de que se expidiera la Corte Suprema, el propio Toto Caputo, en un programa de streaming sostuvo que en lo que va de la gestión de Milei se había bajado el ratio deuda/PBI desde un nivel de 100% a un 39,5%.
¿Qué festeja el mercado de capitales?
¿Qué dirá el mercado financiero sobre la nueva situación con Cristina fuera de carrera? Todas las expectativas están puestas en una mejora de los bonos de deuda soberana y una aceleración en el crecimiento de los depósitos en dólares.
Sin embargo, nadie podrá afirmar con certeza si esa mejora responde efectivamente al cambio de situación política o si es la consecuencia de que Toto Caputo, en un giro respecto de lo que venía afirmando, salió a aclarar que sí buscará acumular reservas y que su objetivo no es presionar una baja del tipo de cambio hasta el piso de la banda de flotación.
De hecho, la reacción positiva del mercado ocurrió luego de que el lunes se anunciara un paquete de medidas que, en los hechos, permitirán al gobierno comprar dólares sin emitir pesos -a través de licitaciones de bonos del Tesoro-.
El equipo económico salió en pleno a defender las medidas, con el argumento de que no había una «marcha atrás» sino una profundización del programa. Sin embargo, los economistas tomaron nota de contradicciones, como por ejemplo la eliminación del «parking» de seis meses para los inversores extranjeros, que se había instaurado hace apenas dos meses.
No faltaron los análisis en el sentido de que hay un reconocimiento sobre la necesidad urgente de atraer dólares financieros para compensar el déficit de la cuenta corriente -que, según algunas estimaciones, podría llegar a u$s8.000 millones este año-.
En todo caso, suponiendo que se confirme el buen humor del mercado para los activos argentinos, ahora vendrá el debate respecto de si la reacción estuvo motivada por el «efecto Cristina condenada» o por el viraje a tiempo del equipo económico, que reconoció su necesidad de comprar dólares.
Quienes defienden el argumento de que es la situación política lo que más influye sobre el mercado recordarán situaciones como la de 2019, cuando la derrota macrista en las PASO llevó a que en una sola jornada se retirara el 10% de los depósitos de los bancos, una situación que en cualquier país genera un temblor en el sistema financiero. De hecho, al momento de asumir Alberto Fernández se había «fugado» un tercio de los ahorros en dólares.
Confrontando con «el poder concentrado»
Pero también Cristina se acordó del 2019. Al hablar ante sus militantes luego de confirmada su sentencia afirmó que, además del «cepo al salario» que puso el gobierno, ahora había aparecido un nuevo cepo, esta vez al voto popular, puesto por el «partido judicial».
«¿Saben por qué este cepo? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 2019 cuando creyeron que, después de haber perdido las elecciones en el 2017, y después de esa campaña de estigmatización y vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Un detalle que seguramente se les escapa. Esta causa, tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes», dijo la ex presidente.
Y reiteró su tradicional discurso en el sentido de que ni Milei ni la Corte Suprema de Justicia son, en realidad, quienes la llevan a la cárcel, sino los «poderes concentrados» representados por las mayores empresas del país. Insinuó la influencia de Techint, sin mencionarla. También mencionó a grupos mediáticos y de comunicaciones, como Clarín y Telecom.
En definitiva, tal como había ocurrido en cada una de las instancias de la causa Vialidad, Cristina intentó que sus reveses judiciales se transformaran en un fortalecimiento político.
Esta vez no fue la excepción. Lejos de centrar su discurso en la refutación de las pruebas acusatorias, cargó el momento de su condena de significado político, al arengar al peronismo para unirse contra el proyecto de Milei.
Proscripción, de Lula a Donald Trump
Desde la primera vez que fue citada a Comodoro Py a declarar por el fallecido Claudio Bonadio en 2016 por la manipulación del dólar futuro -de la que finalmente fue sobreseída-, Cristina ha desarrollado una línea argumental de defensa: establecer una línea histórico-política para demostrar que no se la persigue por corrupción sino como un castigo por haber defendido intereses populares, y que su caso es la continuidad de lo que el siglo pasado les había ocurrido a líderes como Hipólito Yrigoyen y Juan Perón.
Explicó el concepto de «lawfare» como nueva forma de persecución política en tiempos en los que la ciudadanía ya no tolera los golpes de Estado tradicionales. Y recurrió a ejemplos de otros países para argumentar ese punto, sobre todo el caso de la prisión de Luiz Inácio Lula Da Silva.
Ese fue siempre el ejemplo preferido del kirchnerismo, porque tuvo un «final perfecto»: la justicia anuló el juicio por vicios procesales, Lula fue desproscripto y volvió a la presidencia, mientras el célebre juez Sergio Moro, que había liderado las acusaciones, cayó en el descrédito y fue, él mismo, objeto de denuncias judiciales.
Incluso, el año pasado, tras la condena en segunda instancia, Cristina hasta se permitió sumar a la lista de perseguidos por el lawfare al mismísimo Donald Trump, a quien inscribe dentro de la categoría de líderes que anteponen los intereses nacionales.
Hubo un momento, sobre todo tras el intento de asesinato por parte de «los Copitos» -cuyo apodo, no por casualidad, Cristina aplicó a los jueces de la justicia federal-, en que el argumento oficial del peronismo pasó a ser que la absolución de Cristina era la verdadera garantía de paz social y que, mientras el «lawfare» estuviera en pie, Argentina estaría bajo el riesgo de violencia política.
«Si la tocan a Cristina…»
Ahora, llega el momento en que la clásica advertencia que cantan los militantes de La Cámpora –»si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar»- será puesta a prueba. Es decir, está la duda sobre si efectivamente el apoyo a la ex presidente tiene la capacidad de generar un cambio de clima político que genere una ola de simpatía a la ex presidente condenada.
En el peronismo, las primeras reacciones apuntan a que la condena funcionará como un elemento de cohesión. Varios dirigentes que en los últimos tiempos habían criticado sus posturas -empezando por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof– llamaron a la unidad y retomaron el discurso del conflicto de proyectos de país.
Así, empieza a vislumbrarse un intento de reivindicación la bandera de «justicia social» que el gobierno de Milei había equiparado con los conceptos de corrupción y despilfarro. Y se da por descontado que el tono y la estrategia de la campaña electoral cambiará drásticamente.
En todo caso, lo que ha quedado en claro es que la propia Cristina -ahora en situación de «proscripta»- no pretende renunciar es a su influencia en la política nacional y su rol como líder e ideóloga del peronismo.
En la vereda de enfrente, en cambio, no está tan claro que la condena de Cristina funcione como un elemento de cohesión. De hecho, la primera reacción de Javier Milei fue una velada chicana contra Mauricio Macri, quien había insinuado la existencia de un pacto del presidente y Cristina para que no se aprobara el proyecto Ficha Limpia.