El «timing« político no podía ser mejor para el gobierno de Javier Milei: justo cuando volvían a caer los bonos de deuda soberana -poniendo así en duda el argumento oficial de que la culpa del alto riesgo país era la candidatura de Cristina Kirchner– recibió la mejor noticia posible en el frente de los precios.
El 1,5% registrado en mayo no solamente es la mejor marca de la gestión Milei, sino que es un número que no se veía desde 2017 -exceptuando el registro de abril 2020, atípico porque obedecía al momento de mayor parálisis económica por la cuarentena-.
Ya ese solo dato sería, en sí mismo, motivo para el festejo político. Pero la fiesta resultó completa por el hecho de que, el mismo día, se comunicó la inflación de la canasta básica -la que marca la línea de pobreza- y la canasta alimentaria -la que indica la línea de indigencia-.
Y el dato del Indec resultó sorprendente: la canasta básica apenas subió 0,1% mientras la canasta alimentaria tuvo una deflación de 0,4%. Esto se explica por el hecho de que el rubro de alimentos y bebidas -el componente fundamental para el consumo de la franja de menores ingresos- tuvo una variación de apenas 0,5%, y los productos estacionales tuvieron una baja de 2,7%.
Es el efecto inverso al que se había registrado en marzo, cuando el rubro alimenticio había sido el de mayor incremento -un 5,9%- impulsado por una fuerte suba de precios en carnes y verduras. Como consecuencia, ese mes empeoró la situación de los más pobres, dado que la canasta básica registró una suba de 4% y la de indigencia un 5,9%.
En ese momento, el gobierno atribuyó el mal resultado a un efecto estacional. Pero la realidad es que había en el mercado señales de fuerte desconfianza sobre el sostenimiento del esquema cambiario. Todavía el gobierno afirmaba que se mantendría aferrado a su crawling peg que ajustaba el tipo de cambio un 2% al mes, mientras había dudas sobre si se concretaría la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional.
La revancha de Toto Caputo
Es por eso que este es un momento de revancha política para el gobierno, algo que quedó en evidencia por el tono de los mensajes que los funcionarios, empezando por el propio presidente Milei, dejaron en las redes sociales.
Después del 3,7% de marzo, las consultoras económicas habían pronosticado que en los meses siguientes se registrarían cifras más altas para el IPC, redondeando un acumulado no menor a 15% para el trimestre abril-junio.
Los sindicatos empezaron a actuar en consecuencia, pidiendo una revisión generalizada de las paritarias cerradas a inicios de año, que habían tomado en cuenta un sendero de inflación descendente y que promediaban un ajuste mensual del 1,5%.
Esto llevó a que Toto Caputo interviniera directamente en las paritarias de los convenios de mayor visibilidad -vistos como referencia para el resto del mercado- y que se negara a homologar subas que consideraba no justificadas. Esa actitud alejada del credo liberal de no intervención gubernamental fue el principal argumento que llevó a la CGT a hacer su paro general de abril, con la denuncia de un «ancla salarial».
Pero la heterodoxia del ministro no terminó ahí. Porque, además, presionó a las cadenas de supermercados y a las principales productoras de alimentos para que dieran marcha atrás con sus aumentos «preventivos» de precios tras el levantamiento del cepo cambiario.
Una vez más, Caputo fue objeto de ironías por ejercer presiones que algunos comparaban con las de los gobiernos peronistas. Sin embargo, el ministro justificó su actitud con el argumento de que esos aumentos estaban influenciados por pronósticos devaluatorios que no se verificaron en la práctica.
Un argumento en el debate jubilatorio
Pero uno de los mayores motivos de celebración, desde el punto de vista político, es la comparación entre la inflación y la evolución de las jubilaciones. En mayo, frente al IPC de 1,5%, los jubilados recibieron un ajuste de 3,7%.
El mérito de semejante diferencia no es exactamente del gobierno, claro, sino de la nueva fórmula de indexación, que lleva un retraso de dos meses respecto del IPC. De manera que es un efecto esperable que, luego de un pico inflacionario y de una caída brusca, se produzca esa recuperación en las jubilaciones.
De todas formas, el gobierno no dejará pasar la oportunidad para refutar las acusaciones de la oposición, que organizó las protestas masivas en la plaza del Congreso por el nivel de las jubilaciones.
El tema jubilatorio se transformó desde hace meses en uno de los centros del debate político, al punto que la propia Cristina Kirchner mencionó el tema en su primer discurso tras la confirmación de su condena a prisión.
Además, es un tema de alta sensibilidad social, lo que quedó demostrado por el apoyo legislativo que tuvieron los proyectos para incrementar el gasto jubilatorio. La reforma, que Milei ya avisó que vetará, implica un aumento de 7,2% para la jubilación mínima y un aumento del bono extra para la franja de menores ingresos, ajustable por inflación. Además, se aprobó la extensión de dos años para el régimen de mora previsional, que venció en marzo -y por la cual se jubilaron casi un millón de personas sin suficientes años de aportes-.
El argumento del gobierno es que esas reformas tienen un costo fiscal de 1,8% del PBI, y que además implican una injusticia para los jubilados que hicieron sus aportes tiempo y forma, dado que vuelve a achatar la pirámide de ingresos jubilatorios.
Pero lo que le estaba faltando -y ahora consiguió- era una estadística contundente para respaldar su afirmación de que las jubilaciones se recuperarían en términos reales gracias a un sendero descendente de la inflación. La comparación del IPC de mayo con el ajuste jubilatorio es elocuente al respecto.
Y todo indica que en junio se repetirá la misma situación, porque el ajuste jubilatorio rondará el 2,8%, en línea con la inflación que se había registrado en abril, mientras los economistas creen que la inflación estará en torno del 2%.
La pobreza y el «timing» electoral
Hay polémica entre los economistas respecto de cómo hay que interpretar el IPC de mayo: si como un accidente o como un definitivo cambio de tendencia, que abrirá una etapa en la que la inflación se ubique permanentemente debajo del 2% mensual.
Los más optimistas destacan el dato de la «inflación núcleo» -que excluye los precios con variación estacional- y que se ubicó en 2,2%, uno de sus puntos más bajos del año. Según ese punto de vista, aun cuando en los próximos meses no se repita la caída de precios estacionales ocurrida en mayo, igualmente se confirma la tendencia general a la baja de la inflación.
Sin embargo, es probable que haya una reversión en el comportamiento de los precios de alimentos, por lo que la mayoría de los analistas prevé que junio dará un IPC más alto que el de mayo.
Con la mirada más puesta en el mediano plazo, el gobierno cuenta con chances de beneficiarse con otro dato positivo. En septiembre se difundirá la estadística de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre. Y una inflación en baja con tipo de cambio anclado y el salario en leve recuperación permite anticipar una mejora respecto de los últimos datos -38,1% de pobreza y 8,2% de indigencia en el segundo semestre de 2024-.
Si esa situación se concretara, una vez más el «timing» político sería perfecto para el gobierno, porque el dato del Indec se publicará justo al cierre de la campaña electoral para las legislativas de octubre.